Mazo de juez sobre su base de madera en un escritorio, con una jueza escribiendo documentos legales al fondo.
Foto: Ekaterina Bolovtsova / Pexels.

El sábado 7 de noviembre, la jueza federal Tiffany M. Cartwright ordenó la libertad de Baljit Singh, un solicitante de asilo de la India detenido en el centro de procesamiento de ICE en Tacoma, Washington. Sin audiencia reñida. Sin alegatos del gobierno. Sin nadie del otro lado del estrado. La petición de habeas corpus llegó al tribunal y el gobierno, sencillamente, no apareció. La jueza lo dejó por escrito: la petición quedaba como «intencionalmente sin oposición».

No fue un descuido de un día. Fue la primera consecuencia visible de una carta que el fiscal federal interino del oeste de Washington, Charles Neil Floyd, le envió al juez principal del distrito el 26 de octubre. En dos páginas, Floyd le dice al tribunal algo que ningún fiscal quiere poner por escrito: su oficina ya no tiene los abogados para defender cada detención de ICE.

La carta que lo cambió todo

Floyd no se anda con rodeos. Escribe que su oficina «no tiene los recursos disponibles, en este momento, para seguir presentando abogados en cada una de las decenas de peticiones de habeas corpus que llegan cada semana». Y sigue: «de ahora en adelante, para conservar recursos, habrá muchos casos de habeas corpus en los que la fiscalía ya no asumirá la responsabilidad de defender a los demandados».

El mecanismo es simple, y eso es lo que lo hace tan potente. Cuando el tribunal emite su orden de programación en un caso de habeas corpus —la petición con la que un detenido le pide a un juez que revise si su encierro es legal—, empieza a correr un plazo de siete días hábiles de tribunal. Si en esos siete días ningún fiscal presenta su comparecencia, el tribunal puede dar por hecho que no habrá respuesta del gobierno y resolver el caso solo con los papeles del detenido.

La carta añade dos cosas más. En los casos que la fiscalía no defienda, tampoco moverá el expediente ni servirá de puente entre el tribunal y ICE: las órdenes de libertad podrán enviarse por correo electrónico directamente al centro de detención de Tacoma. Y la oficina se reserva el derecho de aparecer en cualquier caso, cuando lo considere oportuno. Es decir: no se retira de todo, elige sus batallas.

Floyd dice que el cambio va a agilizar la mayoría de las peticiones y a darle más discreción al tribunal. También enumera lo que le cuesta a su oficina cada comparecencia: informes de estado, escritos adicionales, mociones de honorarios bajo la Ley de Igualdad de Acceso a la Justicia y órdenes de mostrar causa por lo que él llama violaciones «a menudo técnicas» de la orden de programación.

El primer liberado: detenido en septiembre por terminar en la frontera con Canadá

Singh había sido liberado bajo supervisión mientras su solicitud de asilo estaba pendiente. En septiembre, ICE lo detuvo después de que él y unos amigos que visitaban el parque histórico estatal Peace Arch terminaran en la salida hacia la frontera con Canadá. Presentó su petición de habeas corpus el mes pasado. El gobierno nunca respondió.

La respuesta del gobierno no vencía hasta el 12 de noviembre. Cartwright no esperó: ordenó su liberación cinco días antes y le dio al gobierno un día para cumplir. Singh salió el lunes 9 de noviembre y ese mismo día el tribunal dictó sentencia definitiva a su favor.

La jueza escribió que no conocía precedente de que el Departamento de Justicia se negara a comparecer por una agencia federal en lugar de presentar una declaración de no oposición. Aun así, aceptó la carta como la posición oficial del departamento. Y Singh no es el único: al menos otra petición en el oeste de Washington ya se resolvió sin oposición desde que llegó la carta, según los registros judiciales citados por Raw Story.

Ojo: esto no es libertad automática

Que el gobierno no aparezca no significa que la puerta se abra sola. El juez todavía tiene que determinar que la detención es ilegal, y una petición sin respuesta no es una sentencia en rebeldía. Sin el escrito del gobierno, el juez revisa el expediente por su cuenta y busca los huecos. Las peticiones que mejor paradas salen son las que se apoyan en temas que este distrito ya ha resuelto muchas veces —por ejemplo, el derecho a una audiencia de fianza para residentes de largo tiempo que entraron sin inspección, o la redetención de personas que ya estaban bajo supervisión—.

Quien presenta la petición sin abogado queda más expuesto. Muchos detenidos en Tacoma presentan peticiones escritas a mano, y estudiantes de derecho de la Universidad de Seattle han empezado a ayudar a algunos bajo supervisión de abogados, según KING 5.

La oficina de Floyd, por su parte, seguirá revisando cada petición y cada orden de programación, las remitirá a ICE y comparecerá «según lo considere oportuno». La señal para saber si el gobierno va a pelear un caso será, de ahora en adelante, si aparece o no su abogado en el expediente.

La cifra que explica el colapso

El oeste de Washington tenía más de 1.400 casos activos de habeas corpus el mes pasado, según el rastreador independiente habeasdockets.org, citado por KING 5. Desde enero de 2025 se han presentado unos 2.000. Decenas cada semana. Y el problema no es solo de Seattle: el zar fronterizo Tom Homan dijo la semana pasada en Fox News que los tribunales cargan con unos 85.000 casos de habeas corpus de inmigración en todo el país, mientras ICE mantiene detenidas a más de 65.000 personas.

Detrás del atasco hay otro dato: más de 10.000 abogados federales han dejado el gobierno desde principios de 2025 y el Departamento de Justicia ha perdido el 21% de sus abogados, según Above the Law. La máquina de detener creció más rápido que su propia capacidad de defenderla en corte —mientras ICE opera con una meta de 2.700 arrestos al día—.

Y hay un detalle que casi nadie menciona: el propio Floyd fue uno de los jueces que, junto a otros tres jueces de Washington, abogó por prohibir que los tribunales de inmigración concedieran fianza a los detenidos. Esa pregunta —si un detenido tiene derecho a una audiencia de fianza— está ahora ante la Corte Suprema. La misma semana en que el jefe del DHS dijo que el Congreso podría abrir un camino a la residencia para los beneficiarios de DACA, sin amnistía.

Colorado ya pasó por esto, y dejó una advertencia

Washington es el segundo distrito este otoño en dejar que el silencio del gobierno resuelva casos de habeas corpus. El primero fue Colorado, donde la fiscalía y el tribunal firmaron un acuerdo formal el 8 de octubre: si el gobierno no responde en siete días, el detenido debe ser liberado en 24 horas.

Allí el eslabón débil fue el traspaso entre el tribunal y los agentes de ICE. Una orden de libertad tardó casi una semana en llegar al supervisor responsable. En otros casos, ICE añadió monitoreo por GPS —política de la sede central, según un funcionario— y un supervisor declaró que había una directiva para volver a arrestar a algunas personas liberadas por orden judicial.

El lunes 9 de noviembre, Nathan Rasper, jefe interino de la oficina de ICE en Denver, declaró ante la jueza Charlotte N. Sweeney que él mismo dio la instrucción verbal de volver a arrestar a personas liberadas por orden de jueces, que no conocía el acuerdo del tribunal cuando lo hizo y que la práctica ya se detuvo. La jueza Nina Y. Wang le dio al gobierno hasta el martes para entregar las directivas de ICE sobre las condiciones de liberación. Otros jueces de Colorado ya escriben órdenes que limitan el rearresto —en un caso, solo con una orden final de expulsión; en otro, con aviso previo al tribunal—.

Washington es distinto: aquí no hay acuerdo con el tribunal, sino una carta unilateral, y la liberación no es automática. El juez decide cada caso. Pero el riesgo del traspaso es el mismo, y ahora sin un fiscal en el medio para verificar que la orden llegó. Otro juez federal ordenó la semana pasada a Nueva York entregar a ICE los datos de residentes de un albergue del Bronx —los tribunales siguen siendo el terreno donde se decide, día a día, hasta dónde llega la detención—.

Qué mirar si un familiar está detenido en Tacoma

Si alguien de tu familia está detenido en el centro de Tacoma, o tiene una petición de habeas corpus pendiente en el oeste de Washington, hay tres cosas que miran ahora los abogados. Primero, el expediente: si en siete días hábiles desde la orden de programación no aparece ningún abogado del gobierno, el juez puede resolver solo con la petición. Segundo, la petición tiene que sostenerse por sí sola —sin el escrito del gobierno, el juez buscará los huecos—, así que conviene que un abogado la revise antes de presentarla. Y tercero, pedir por escrito las condiciones de la liberación: que no se añadan condiciones más allá de la supervisión previa y que ICE no pueda volver a detener a la persona sin avisar al tribunal o sin una audiencia.

Esta nota no sustituye a un abogado de inmigración. Pero el cambio es real y ya tiene un primer liberado con nombre y apellido. Y lo que pase en Washington —y en Colorado— puede repetirse en otros distritos saturados: dos oficinas ya dejaron que el silencio hable por el gobierno. Habrá que ver cuántas siguen el ejemplo.

Fuentes oficiales

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