Graduada universitaria de primera generación con un birrete negro decorado con flores y el texto First Gen 24 en una ceremonia de graduación.
Foto: Zion Smith / Pexels.

«Si queremos una reforma migratoria en la que miremos DACA y encontremos la manera de que estas personas puedan convertirse en residentes permanentes legales o algo así, eso le tocará decidirlo al Congreso».

Lo dijo el lunes Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional. Es la primera vez que el funcionario a cargo de ICE, la Patrulla Fronteriza y USCIS habla en público de un camino a la residencia para los dreamers. Y lo dijo con el freno puesto en la misma frase: eso lo decide el Congreso, no él. Amnistía, nunca.

La frase llega un día después de que Trump dijera en 60 Minutes que su campaña de deportaciones “pudo ser demasiado dura” y abriera la puerta a un acuerdo. El lunes, el presidente matizó: no habrá amnistía y su política no ha cambiado. Entre las dos declaraciones queda una rendija estrecha —y 455.200 personas mirando por ella.

Lo que dijo Mullin, y dónde lo dijo

Mullin habló con periodistas al margen de una conferencia sobre drones en Forest Heights, Maryland, el lunes 9 de noviembre. Contó que desde las elecciones recibe llamadas de demócratas con los que trabajó en el Congreso, interesados en legislar con el nuevo Congreso. Y que Trump le dio luz verde para empezar a hablar con ellos.

«Le avisé al presidente que esas llamadas están llegando. Y el presidente ha dicho: empecemos a trabajar con ellos y reunámonos en algún momento. Hasta ahí llega la conversación», dijo Mullin, según la AP. «No hemos tenido ninguna conversación solo sobre política».

Ojo con esto: no hay propuesta, ni proyecto, ni fecha. Lo que hay es una conversación autorizada para empezar. Mullin fue senador y representante antes de llegar al Departamento de Seguridad Nacional este año, y dijo que trabajó en reforma migratoria en ambas cámaras: cree que la única forma de lograr algo es con un enfoque bipartidista.

Hay un dato que pesa en la otra dirección. Trump acaba de elevar a Stephen Miller —el arquitecto de la política de mano dura— a jefe de gabinete de la Casa Blanca. Mullin lo llamó en redes «una elección excelente». Cualquier negociación con los demócratas pasará por esa puerta.

El freno llegó en la misma frase

Mullin no dejó espacio para interpretaciones sobre la palabra que más ruido hace en este debate:

«Trabajé en reforma migratoria cuando estaba en la Cámara y cuando estaba en el Senado. Creo que la única manera de lograrla de verdad es con un enfoque bipartidista. Pero la amnistía nunca va a ser una solución. Nunca vamos a permitir que haya amnistía. Punto».

Horas después, Trump dijo lo mismo desde la Casa Blanca, en una aparición no anunciada en la sala de prensa James S. Brady: «No habrá amnistía». Su política de deportaciones es «muy fuerte», no ha cambiado, y el enfoque sigue en lo que llamó «lo peor de lo peor»: asesinos y narcotraficantes.

El presidente también reconoció algo que no suele decir en público: que muchos inmigrantes sin papeles tienen buenos empleos y pagan impuestos, y que trabaja con varios grupos en una solución que no implique amnistía. Pero no presentó ningún proyecto, ni reglas de elegibilidad, ni calendario. Y preguntado si le pidió a Miller cambiar la política tras la entrevista de 60 Minutes, respondió que no ha hablado de cambios con él.

La aplicación de la ley, mientras tanto, no se mueve. La Casa Blanca confirmó que la meta de ICE sube a 2.700 arrestos al día, y tanto Trump como Mullin repitieron que el enfoque de las redadas no cambia.

455.200 personas, y el 81% nació en México

La cifra pone el tamaño del tema: unas 455.200 personas tenían DACA activo a finales de marzo de 2026, según USAFacts, que compila los datos de USCIS. Cerca del 81% nació en México. California concentra la población más grande, con unas 126.910 personas, seguida de Texas, con unas 76.050.

Conviene recordar qué es DACA y qué no es. Es una acción diferida —la decisión de no perseguir la deportación— por dos años, renovable, con permiso de trabajo. No es un estatus legal: la propia USCIS lo dice en su página oficial, «la acción diferida no otorga estatus legal». Las renovaciones siguen procesándose, pero las solicitudes iniciales se aceptan sin procesarse por orden judicial desde 2021, confirmada por el Quinto Circuito en enero de 2025.

La frase de Mullin mezcla además dos cosas distintas: «residentes permanentes legales» y ciudadanos no son lo mismo. La residencia —la green card— llega primero; la ciudadanía, después, por naturalización, normalmente tras cinco años. Y el camino no es automático: la ley de inmigración, en su sección 245(a), solo permite ajustar el estatus dentro del país a quien fue inspeccionado y admitido o recibió parole. La mayoría de los beneficiarios de DACA entró sin inspección, así que hoy casi ninguno tiene esa ruta, salvo quienes viajaron con permiso anticipado y volvieron, y además tienen una petición familiar o laboral que los respalde. Solo una ley del Congreso puede cambiar eso.

Qué leyes están sobre la mesa (y ninguna aprobada)

El modelo más cercano es el American Dream and Promise Act, que la Cámara aprobó en 2019 y de nuevo en 2021 sin llegar nunca a votación en el Senado. El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, lo nombró el lunes en CBS como punto de partida, junto con restaurar las protecciones de DACA y TPS. Del otro lado, el Caucus de la Libertad de la Cámara ya publicó en X que rechaza la amnistía.

Hay otra propuesta dando vueltas: la Ley Dignidad (H.R. 4393), bipartidista, que daría un estatus de trabajo renovable —no una green card— a cambio de un pago de restitución de $7.000, impuestos atrasados y controles periódicos. Sus defensores dicen que eso no es amnistía; algunos críticos republicanos dicen que sí.

La aritmética no ayuda a nadie. El nuevo Congreso, con mayorías demócratas en ambas cámaras según los reportes, se instala el 3 de enero de 2027. Pero la mayoría de las leyes sigue necesitando 60 votos en el Senado, además de la firma del presidente. Y una encuesta de AP citada el lunes encontró que unos seis de cada diez votantes creen que la aplicación de la ley ha ido demasiado lejos. Esa es la presión que mantiene la puerta entreabierta.

Qué hacer hoy, y qué no pagar

Nada cambia hoy. No hay programa nuevo al que inscribirse, ni formulario, ni lista, ni cuota. Quien cobre por anotarte en una «green card de DACA» o en una «amnistía» que todavía no existe está vendiendo humo —o peor, una estafa. Lo mismo vale para la Ley Dignidad: está pendiente, no aprobada, y nadie puede cobrarte por un beneficio que no existe.

Lo que sí sigue vigente es lo de siempre, y ahora importa más que nunca: renovar a tiempo. La protección de DACA dura solo lo que dura cada concesión de dos años. Si tu permiso está por vencer, revisa tu fecha y renueva con tiempo; si tienes un caso pendiente o dudas sobre tu situación, habla con un abogado de inmigración con licencia antes de pagarle a nadie.

Esto no es asesoría legal. Es lo que se sabe este martes por la mañana: el jefe de Seguridad Nacional abrió una puerta que llevaba años cerrada, el presidente puso el límite en la misma frase, y el Congreso —que se instala en enero— tiene la última palabra.

Fuentes oficiales

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