Edificio alto de viviendas con balcones en una zona urbana.
Foto: Berdan Tudor / Pexels

J.L. tiene 24 años y vive en un apartamento de la Autoridad de Vivienda de Los Ángeles con sus dos hermanos, ciudadanos estadounidenses, y sus padres, que no tienen papeles. Durante casi 30 años, familias como la suya han vivido así en la vivienda pública de Estados Unidos: el subsidio se calculaba solo por los miembros con estatus elegible y el resto de la familia seguía bajo el mismo techo, con una ayuda reducida.

Ese arreglo tiene fecha de vencimiento: el 14 de diciembre.

El lunes por la noche, tres inquilinos de vivienda pública de Los Ángeles —identificados solo por sus iniciales— demandaron al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para frenar la regla que lo termina. La demanda, presentada por la organización legal sin fines de lucro Public Counsel, pide a la corte que aplace la entrada en vigor, que prohíba aplicar la regla en el Distrito Central de California y que la declare ilegal.

El argumento es de fondo, no de forma: HUD no tiene la autoridad para hacer este cambio por su cuenta, dicen los demandantes. Esa facultad, sostienen, es del Congreso.

La demanda que llegó el lunes por la noche

Public Counsel anunció la demanda el lunes 16 de noviembre, ya entrada la noche, y el diario Los Angeles Times la reportó al día siguiente. Los tres demandantes viven hoy en vivienda pública en Los Ángeles y reciben asistencia federal.

Lo que piden es concreto. Primero, que la corte posponga la fecha en que la regla entra en vigor. Segundo, que prohíba su aplicación en el Distrito Central de California, donde están Los Ángeles y sus alrededores. Tercero, que declare la regla ilegal en su totalidad.

«Durante 30 años, las familias de estatus mixto han vivido juntas en la vivienda pública y en hogares con Section 8», dijo Kathryn Eidmann, presidenta y directora ejecutiva de Public Counsel, al anunciar la demanda.

El caso pone sobre la mesa una pregunta que la corte tendrá que responder en menos de un mes: ¿puede una agencia federal terminar por reglamento un arreglo que el Congreso dejó funcionando durante décadas? Desde que la Corte Suprema eliminó en 2024 la deferencia a las agencias en la interpretación de las leyes —el caso Loper Bright—, un juez ya no tiene que aceptar la lectura que HUD hace de la ley. Decide él mismo lo que la ley exige.

Qué cambia el 14 de diciembre

La regla, publicada en el Registro Federal el 12 de noviembre (91 FR 72978) y anunciada por HUD el 10 de noviembre, se llama «Verificación de Estatus Elegible» y reescribe cómo se aplica la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, la norma que limita cierta asistencia federal de vivienda a ciudadanos y a no ciudadanos en categorías elegibles.

Tres cambios son los que más pesan.

Primero, todos los miembros del hogar tendrán que probar su ciudadanía estadounidense o su estatus migratorio elegible, sin importar la edad. Se acaba la exención para los inquilinos de 62 años o más.

Segundo, desaparece la opción de «no alegar» estatus. Hasta ahora, un miembro del hogar podía elegir no declarar su estatus y el subsidio simplemente se reducía para cubrir solo a los miembros elegibles. Esa puerta se cierra.

Tercero, la ayuda prorrateada —la versión reducida del subsidio que mantiene unidas a las familias mixtas— deja de ser permanente y pasa a ser temporal, solo mientras se verifica el estatus de los demás miembros. La verificación se hace a través de la base de datos SAVE del Departamento de Seguridad Nacional.

La regla cubre la vivienda pública, el Section 8 —incluidos los vales de elección de vivienda y el Section 8 basado en proyectos—, el programa Section 236 y las unidades de bajos ingresos de los programas de subvención para el desarrollo de vivienda.

No es la primera vez que HUD intenta esto. Una propuesta parecida se publicó en 2019 y se retiró en 2021. La versión actual se propuso el 20 de febrero de 2026 y se finalizó nueve meses después.

A quiénes alcanza: los números

HUD calcula que unas 20.000 familias de estatus mixto recibían asistencia en diciembre de 2024. La cifra de personas es mayor: el propio HUD estima que en 2024 había 79.300 miembros de familias mixtas viviendo en vivienda pública, y el Center on Budget and Policy Priorities, usando los mismos datos administrativos, llega a unas 79.600 personas, entre ellas unos 36.900 niños.

Hay otro número que conviene leer con calma: 19.660. Son los ciudadanos o no ciudadanos elegibles que viven hoy en vivienda asistida y que todavía no han presentado prueba de su estatus. No son personas sin estatus: son personas con derecho a la ayuda que aún no han entregado el papel que lo demuestra. Si no lo hacen a tiempo, su hogar también entra en el proceso.

El análisis de HUD en la propia regla cuenta 19.810 familias mixtas elegibles para un aplazamiento temporal de la terminación, y proyecta que unas 990 familias lo impugnarían y enfrentarían un desalojo formal.

En Los Ángeles, la Autoridad de Vivienda de la ciudad le dijo al Times que 1.709 familias de estatus mixto reciben hoy asistencia de vivienda pública. En todo California son 7.190 hogares, según el cálculo de HUD.

Y ojo con esto: la regla no desaloja a nadie el 14 de diciembre. Ese día empieza un reloj de verificación. Los miembros ciudadanos o elegibles mantienen su propio derecho a la ayuda; lo que cambia es que la ayuda reducida que cubría al hogar entero tiene fecha de caducidad si no todos verifican.

Las fechas que importan

  • 14 de diciembre de 2026: la regla entra en vigor, salvo que una corte la frene antes.
  • 13 de enero de 2027: fecha límite para que las agencias de vivienda y los propietarios notifiquen a los inquilinos afectados, 30 días después de la entrada en vigor.
  • 14 de marzo de 2027: las familias mixtas tienen 90 días desde el 14 de diciembre para presentar la evidencia de estatus.
  • Hasta 60 días más: las prórrogas disponibles para las familias que necesiten más tiempo para conseguir sus documentos.
  • Próxima reexaminación: los demás inquilinos que aún no hayan presentado evidencia deberán hacerlo en su próxima reexaminación anual o intermedia.

Lo que dice cada lado

HUD presentó la regla como una cuestión de equidad para quienes esperan ayuda. El secretario Scott Turner anunció que la norma garantiza que «solo los ciudadanos estadounidenses y ciertos no ciudadanos elegibles residirán en viviendas financiadas por HUD», y añadió: «Los contribuyentes estadounidenses ya no pagarán la cuenta».

La agencia se apoya en una auditoría conjunta de HUD y el DHS que encontró casi 200.000 inquilinos con registros de elegibilidad incompletos o desconocidos, y recuerda que la vivienda financiada por HUD atiende solo a una cuarta parte de los hogares elegibles que la necesitan.

Public Counsel responde que el problema no es la intención, sino la autoridad. La Sección 214, dicen sus abogados, permite terminar el prorrateo pero no lo ordena, y una agencia no puede reescribir por reglamento lo que el Congreso diseñó. La demanda se suma a una cadena de batallas legales sobre atar beneficios federales al estatus migratorio —la misma semana en que el TPS venezolano se juega este viernes en el Noveno Circuito y mientras las cortes de inmigración aceleran las audiencias de asilo—.

Qué hacer si vives en vivienda pública o con Section 8

  1. No ignores el correo. Las agencias deben notificar a los inquilinos afectados dentro de los 30 días siguientes al 14 de diciembre. Ese aviso dirá qué documentos piden y hasta cuándo. Guárdalo.
  2. Reúne los documentos de cada miembro del hogar. Pasaporte estadounidense, certificado de nacimiento, tarjeta de residente permanente (green card), registro I-94 o permiso de trabajo (EAD) son las pruebas habituales. Empieza por los que ya tienes en casa.
  3. Pregunta por la prórroga si te falta un papel. Las familias mixtas tienen 90 días y pueden pedir hasta 60 días más. No esperes al último día: los documentos de otro país tardan.
  4. No firmes nada que no entiendas. Si el aviso habla de terminación o de desalojo, busca ayuda legal gratuita antes de firmar o de responder: Public Counsel y las organizaciones de ayuda legal de tu ciudad atienden estos casos.
  5. Si te llega un aviso de terminación, apela. Hay derecho a revisión y a impugnar. El propio análisis de HUD prevé que unas 990 familias lo harán.

Y un detalle que se pierde entre tanto titular: las agencias federales ya operan solo en inglés, así que los avisos y formularios de vivienda pueden llegar solo en ese idioma. Si necesitas ayuda en español, pídela en la oficina de vivienda o en una organización comunitaria antes de que venza el plazo.

Qué falta por saber

Hasta ahora no se ha reportado una orden que frene la regla. El paso habitual sería una moción de medida cautelar o de suspensión de la fecha de entrada en vigor, y habrá que ver si la corte la concede en las próximas semanas y si otras autoridades de vivienda o estados presentan sus propias demandas.

El reloj, mientras tanto, sigue corriendo. Quedan menos de cuatro semanas para el 14 de diciembre, y la demanda de Los Ángeles es, por ahora, el único freno que tiene la regla.

Fuentes oficiales

Comentarios

Deja un comentario

No compartas datos personales sensibles (SSN, ITIN, números de cuenta) en los comentarios.