Mujer depositando su voto en un centro de votación el día de las elecciones
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«Pedirle a un tribunal federal que le dicte a una legislatura estatal un asunto que pertenece por completo al ámbito tradicional del estado». Con esa frase, el juez Gabriel Sánchez resumió por qué dos jueces del Noveno Circuito no quisieron meterse —al menos no así, ni tan rápido— en el conteo de votos de California.

Fue un 2-1. Y fue este lunes, 26 de octubre, a ocho días de las elecciones del 3 de noviembre.

El Departamento de Justicia pedía algo muy concreto: que California separara las boletas por correo de las personas que aparecen en una lista federal de más de 20,000 votantes registrados —personas que el gobierno dice que probablemente no son ciudadanas— y que no las contara hasta verificar la ciudadanía de cada uno. El tribunal de apelaciones, con sede en San Francisco, negó esa petición de emergencia.

Ojo con esto: la mayoría no dijo que el gobierno tenga o no tenga razón en el fondo. Dijo algo más estrecho, y más importante para entender el día: que el Departamento no le dio a la jueza de primera instancia la oportunidad adecuada de considerar el caso primero, así que era prematuro que la apelación se pronunciara. La jueza de primera instancia tiene una audiencia programada para este martes.

La mayoría la formaron el juez Mark Bennett, nombrado por Trump, y el juez Gabriel Sánchez, nombrado por Biden. Disintió el juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump.

La demanda se presentó el 15 de octubre en un tribunal federal de Los Ángeles. Según Reuters, es la primera vez que el gobierno federal intenta impedir que un estado cuente votos. Y hay un detalle que el propio gobierno no ha aclarado: no ha dicho cuántas de esas 20,000 personas han enviado realmente una boleta por correo en esta elección.

De la lista, lo que sí se sabe es otra cifra, dicha por funcionarios del Departamento el 19 de octubre: 28 personas han sido acusadas penalmente de votar ilegalmente.

California, por su parte, no se quedó callada. En un escrito del 20 de octubre, los abogados de la secretaria de Estado, Shirley Weber, dijeron que las afirmaciones del Departamento se apoyan en «datos sospechosos» y llamaron al litigio, en el mejor de los casos, «un truco político imprudente» —y, en el peor, una amenaza de quitarle el voto a miles de californianos en esta elección.

Hay un dato que ayuda a poner la lista en su sitio. El personal del condado de Los Ángeles revisó una muestra de 200 registros de esa lista. ¿Qué encontró? Registros cancelados o inactivos, personas sin historial de votación y votantes que parecían haber nacido en Estados Unidos.

La letra pequeña, además, no favorece al argumento de un fraude masivo. Una investigación de Reuters publicada en julio encontró solo 129 casos en los que no ciudadanos fueron acusados a nivel federal de votar ilegalmente; muchos parecían deberse a confusión o a errores administrativos, no a fraude intencional.

Y el contexto es más amplio que California. El Departamento ha advertido a los funcionarios electorales de los 50 estados que podrían enfrentar cargos penales si permiten a sabiendas que no ciudadanos permanezcan en las listas o voten, y ha demandado a 30 estados y al Distrito de Columbia por negarse a entregar las listas completas de votantes con datos personales sensibles. Hasta ahora, según Reuters, ha perdido 26 de esos casos sin ganar ninguno.

Mientras tanto, en Washington

El mismo lunes, el Departamento tocó otra puerta. Pidió al estado de Washington que apartara cualquier boleta que reciba de más de 400 personas que sospecha que se registraron sin ciudadanía estadounidense.

En una carta a la oficina del secretario de Estado, el Departamento dijo haber identificado 1,500 votos emitidos por esas más de 400 personas en elecciones anteriores, y pidió que sus boletas de las elecciones de medio término se aparten hasta que el estado confirme que son votantes legales. Washington tiene más de 5 millones de votantes registrados.

«Estamos pidiendo al estado que aparte esas boletas hasta que podamos confirmar que son votantes legales», dijo el fiscal federal interino Neil Floyd en conferencia de prensa.

El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, estaba revisando la exigencia. Su oficina señaló que ha recibido unas 60 citaciones del Departamento de Justicia desde el mes pasado pidiendo información sobre votantes. «Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de proteger la información de los votantes y solo responderemos a solicitudes que sigan el debido proceso», dijo Hobbs en un comunicado por correo electrónico. «Vemos lo que está pasando en California y no queremos que acosen a los habitantes de Washington».

El propio Departamento reconoció dos matices que conviene no perder de vista: anticipa enviar al estado otra lista de personas sospechosas antes del día de las elecciones, y señaló que algunas de las personas que sospecha que se registraron sin ciudadanía podrían haberse naturalizado desde entonces.

Las investigaciones previas sobre acusaciones parecidas, citadas en la cobertura, tampoco salieron como se anunciaron: en Nevada, el gobierno alegó 1,500 posibles votantes no ciudadanos y la investigación posterior encontró cero; en el condado de Maricopa, en Arizona, el registrador —que apoya a Trump— anunció 207 posibles no ciudadanos y el fiscal del condado, republicano, determinó que en realidad eran ocho.

Qué significa esto, y qué no

Significa, por ahora, que California no tiene que apartar esas boletas por orden de la apelación. No significa que el caso haya terminado: la audiencia del martes en primera instancia sigue en pie, y la pelea puede volver a la apelación.

Para quien ya votó por correo en California, el fallo de hoy no cambia su boleta. Para quien vota el 3 de noviembre, tampoco cambia dónde ni cómo votar.

Si eres ciudadano naturalizado y te preocupa aparecer en una lista así, lo práctico es verificar tu registro en el portal oficial de elecciones de tu estado —Vote.gov te dirige al de tu estado— y, si recibes algún aviso, no lo ignores: comunícate con la oficina electoral de tu condado con tu prueba de ciudadanía a mano. Y recuerda lo básico, que aquí no cambia: solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales.

Lo que pasó este lunes, en el fondo, fue un choque de tiempos: un gobierno que quería una orden antes de que se contaran los votos, y una corte que le dijo que primero dejara hablar a la jueza que tiene el caso. El martes sabremos el siguiente capítulo. Y el 3 de noviembre, a ocho días, la lista ya no es solo de California: ahora también tiene una versión en Washington, con 400 nombres y 1,500 votos viejos detrás.

Para seguir el hilo de esta disputa, lee la pieza sobre la lista de 20,000 nombres que California se negó a usar para apartar boletas, la de los plazos que vencen esta semana y los más de 29 millones de votos ya emitidos y la de los 28 millones de votos anticipados y el empate en Texas.

Fuentes oficiales

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