«Esa carta llegó 11 días antes del día de la elección con un plazo de 48 horas inaplicable».

La frase no es de un activista. La dijo a Reuters Dawn Kruger, portavoz del Departamento de Elecciones del condado de Contra Costa, en California. Y resume, mejor que cualquier comunicado, el choque que estalló este fin de semana a ocho días de las elecciones del 3 de noviembre.

El viernes, el Departamento de Justicia envió cartas a varios condados de California. El pedido era directo: identificar a presuntos votantes no ciudadanos de una lista mayor de unas 20,000 personas, apartar sus boletas de voto por correo —segregarlas, no cancelarlas, según los documentos— hasta verificar su ciudadanía, y entregar datos como números de Seguro Social, identificaciones estatales y formularios de registro. Las cartas, fechadas el viernes y firmadas en el Distrito Central por el primer fiscal federal auxiliar Bilal Essayli, daban 48 horas. Quien siguiera procesando esas boletas sin verificar, advertía el texto, se expondría a «escrutinio federal significativo y consecuencias legales».

Ojo con esto: la lista no es nueva del todo, pero el round sí lo es.

El 13 de octubre ya había llegado una exigencia parecida a la secretaria de Estado, Shirley Weber, y al condado de Los Ángeles, con una memoria USB protegida con contraseña. El 15 de octubre el Departamento demandó al estado para que no se contaran esas boletas hasta verificar la ciudadanía. Y el 19 de octubre anunció cargos contra 28 residentes permanentes legales que, según la fiscalía, aparecen en la lista. Esos cargos son acusaciones contra personas concretas, no un veredicto sobre los otros miles de nombres. Esa distinción importa, y mucho.

Los números por condado en esta nueva tanda dan una idea del alcance. Orange recibió 1,754 nombres. Riverside, 1,355. San Bernardino, 1,133. Contra Costa, 407. Ventura, 334. Santa Bárbara, 180. San Luis Obispo, 63. Y Napa, apenas 42 nombres sobre un padrón de unas 86,000 personas —su registrador, John Tuteur, contó a Associated Press que dos agentes uniformados del Departamento de Seguridad Nacional le entregaron la carta el viernes por la tarde—. «No vamos a cambiar nada de lo que hacemos. Seguimos adelante con la elección», dijo.

¿Y qué encontraron los condados que sí empezaron a cotejar?

Los Ángeles revisó una muestra de 200 registros. Más del 40% tenía inscripciones canceladas o inactivas. Más del 70% no tenía historial de voto. Y casi cuatro de cada diez parecían haber nacido en Estados Unidos, lo que la registradora adjunta Monica Flores describió en una declaración judicial como «prueba sólida de ciudadanía».

No es una auditoría completa. Nadie serio diría que esos 200 nombres prueban que toda la lista está mal. Pero tampoco es un detalle menor cuando lo que se pide es apartar boletas a días de una elección.

En Mendocino pasó algo todavía más básico: la registradora Katrina Bartolomie dijo que la lista que recibió contenía nombres de votantes que ni siquiera pertenecían a su jurisdicción. «No son nuestros votantes los que figuran ahí. Son de otro condado», declaró. La fiscalía general de California, en una presentación judicial, señaló errores parecidos: personas que no residían en los condados a los que se remitieron las listas.

El domingo, el caso subió al Noveno Circuito en una sesión extraordinaria de fin de semana. La administración había recurrido allí porque consideraba que el juez de distrito, David O. Carter, actuaba con demasiada lentitud: su audiencia está programada para el martes 27 de octubre, a la 1 de la tarde, hora del Pacífico.

Los jueces no fallaron el domingo. Pero preguntaron, y preguntaron fuerte.

El juez Mark Bennett, designado por Trump, cuestionó si la corte de apelaciones tenía siquiera jurisdicción para intervenir antes de un fallo del tribunal inferior. También recordó la Cláusula Electoral de la Constitución: son las legislaturas estatales las que fijan el momento, el lugar y la modalidad de las elecciones al Congreso. El poder ejecutivo federal puede estar en desacuerdo con la modalidad, dijo según AP, pero esa prerrogativa pertenece al estado.

El juez Gabriel Sánchez, por su parte, preguntó por la Décima Enmienda y por los «análisis de terceros» usados para armar la lista. ¿Cómo se pasó, preguntó, de unos 190,000 nombres mencionados en una carta de julio a 20,000 ahora? El abogado del Departamento, Matthew Donnelly, respondió que la baja vino del proceso de verificación del Departamento de Seguridad Nacional.

Del otro lado, Donnelly sostuvo que California provoca un «daño irreparable» al permitir que no ciudadanos voten y que ese perjuicio es «irreversible e irrevocable». La portavoz del Departamento, Kiersten Pels, rechazó la idea de una purga: dijo que no se pide cancelar registros ni ninguna acción programática, sino «garantizar la elección más segura en la historia de California».

California respondió en otro tono. Weber ya había calificado la exigencia de octubre como una medida sin precedentes que amenazaba el derecho al voto de miles de residentes con información no verificable. Su abogado ante el Noveno Circuito, Sam Siegel, fue más corto: «No tiene sustento en la ley ni en los hechos». El fiscal general Rob Bonta acusó el sábado al Departamento de politizar la ley. Y el abogado del condado de Los Ángeles, Seth Waxman, puso el problema en horas de trabajo: si el personal dedicara apenas tres minutos a cotejar cada una de las 2.75 millones de boletas por correo esperadas con la lista, el proceso demandaría 140,000 horas, unos 16 años de trabajo.

Entonces, ¿qué cambia hoy para alguien que vota en California?

De momento, nada en la ventanilla. No hay fallo del Noveno Circuito, los condados que respondieron dicen que seguirán administrando la elección conforme a la ley vigente, y la audiencia del martes 27 es la próxima fecha que puede mover el tablero. Eso no significa que el tema esté cerrado: significa que, hoy lunes, el voto por correo sigue su curso normal en California.

Y hay tres cosas que sí conviene hacer, sin entrar en pánico y sin compartir cadenas de WhatsApp:

Primero, si eres ciudadano y votas en California, verifica tu estatus en la herramienta oficial My Voter Status de la Secretaría de Estado, en voterstatus.sos.ca.gov. Ahí mismo puedes ver si tu boleta por correo fue recibida y contada. Todos los votantes activos registrados reciben automáticamente una boleta por correo para la elección del 3 de noviembre; por correo debe tener matasellos del 3 de noviembre y en buzón seguro debe depositarse antes de las 8 de la noche de ese día.

Segundo, si no eres ciudadano —incluidos los residentes permanentes legales—, no te registres ni votes en elecciones federales: la ley federal lo prohíbe y los cargos anunciados la semana pasada muestran que la fiscalía está actuando en ese frente. Si alguna vez te inscribieron por error en el DMV o en otro trámite, resuélvelo con la oficina electoral de tu condado antes de votar, no el día de la elección.

Tercero, si tienes dudas en español, la línea de ayuda al votante de California en español es (800) 232-VOTA (8682).

El fondo del pleito —quién puede votar y quién decide cómo se cuenta— no se va a resolver en un titular. Se va a resolver, o no, en la audiencia del martes, con una lista que los condados ya empezaron a poner a prueba nombre por nombre. Y esa prueba, por ahora, no le está saliendo bien a la lista.

Fuentes oficiales

Comentarios

Deja un comentario

No compartas datos personales sensibles (SSN, ITIN, números de cuenta) en los comentarios.