Una mano sostiene un pasaporte de Estados Unidos sobre una mesa con tarjetas, un boleto y un teléfono móvil

2.2 millones.

Ese es el número que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso sobre la mesa este jueves 29 de octubre. No es un conteo de deportaciones. Tampoco es una lista de personas que ya perdieron su estatus. Es otra cosa, y la diferencia importa más que el titular: son acciones que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tomó, según la agencia, para revocar o terminar un estatus desde el 20 de enero de 2025.

El DHS presentó la cifra como casi siete veces la cantidad de acciones de ese tipo en los últimos dos años del gobierno de Joe Biden. Es la comparación de la agencia, con sus propios números. No hay, en lo difundido hasta ahora, un desglose que diga cuántas acciones cayeron en cada categoría. Hay cinco, mezcladas en un solo total. Y hay una advertencia que conviene leer antes de compartir el número como si fuera un hecho cerrado: no está claro que las 2.2 millones de personas en ese conteo hayan perdido su estatus. Así lo reportó The Daily Telegraph, el medio al que el DHS le compartió el comunicado, y es el mismo matiz que subraya la cobertura que contrastó el anuncio con la agencia: la cifra agrupa medidas administrativas y procesos iniciados, no remociones completadas.

¿Qué entra en la suma? Lo primero, y lo más grande en personas, es el Estatus de Protección Temporal. El DHS dice que está terminando el TPS para más de un millón de personas de 13 países —la agencia habla de terminar lo que llama un uso indebido del programa— y reconoce que algunas de esas terminaciones están en pausa por litigios en curso. Eso no es un detalle menor: una terminación anunciada y una terminación en firme, con los tribunales en medio, no son lo mismo. El TPS ya se ha litigado en otros frentes, como muestran los casos de Ucrania y Sudán que siguen bajo protección mientras se resuelven los desafíos.

Después viene el parole. El comunicado dice que el gobierno está cerrando los programas categóricos de parole y volviendo a decidir caso por caso. El ejemplo que pone el DHS es el programa que permitió que unas 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela volaran directamente a Estados Unidos. Para esas familias, el fin del programa no es una estadística: es la puerta por la que entraron, cerrada desde adentro.

El tercer grupo toca el bolsillo y el trabajo de todos los días. USCIS terminó las extensiones automáticas de los permisos de trabajo. Ahora, según el DHS, cada solicitante debe pasar por revisión y verificación antes de que le renueven la autorización. En la práctica, eso significa no dar por sentado que el permiso sigue vivo porque la solicitud está pendiente: hay que revisar la fecha, el aviso y la categoría, uno por uno.

Los otros dos grupos son más de ventanilla, pero pesan igual cuando llegan a casa. Por un lado, USCIS negó solicitudes de extensión o cambio de estatus de no inmigrante cuando, a su juicio, no había base legal. Por otro, emitió Notices to Appear —los avisos de comparecencia que abren un proceso de deportación ante un juez de inmigración. Recibir uno no es lo mismo que ya estar deportado. Es el inicio de un proceso, con plazos y con derecho a defensa. Confundir ambas cosas es justo lo que hace daño.

Ojo con esto: la cifra de USCIS va por separado. El DHS dice que esas 2.2 millones de acciones son adicionales a las revocaciones y negativas de visas del Departamento de Estado y a las remociones de ICE. La Casa Blanca ya había anunciado este mes más de 300,000 visas revocadas, y un informe de ICE de septiembre ubicó en unas 421,182 las deportaciones entre octubre de 2025 y el 24 de agosto de 2026. Son conteos distintos, de agencias distintas. Sumarlos a ciegas infla el número y confunde al lector.

No es el único cambio de criterio de USCIS en estas semanas: la agencia también empezó a aprobar peticiones H-1B sin el cobro de 100,000 dólares, aunque ese cobro sigue vivo en los tribunales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, lo presentó como una promesa cumplida. «Securing our borders is just the beginning», dijo —asegurar las fronteras es solo el principio—, en la declaración compartida con The Telegraph. La frase marca el tono del anuncio: no es un informe de rutina, es una cifra para mostrar escala, a cinco días de las elecciones del 3 de noviembre.

Entonces, ¿qué hacer hoy, en orden? Primero, no saque conclusiones de un titular: revise su propio caso en su cuenta de USCIS y guarde cada aviso que le haya llegado, con su fecha. Segundo, si tiene TPS, parole o un permiso de trabajo, verifique la fecha de vencimiento real y si algún litigio mantiene su protección en pie —no asuma ni lo uno ni lo otro. Tercero, si recibió un Notice to Appear, una negativa o una carta de terminación, hable con un abogado de inmigración licenciado antes de responder o de firmar nada. Y cuarto, no pague a nadie que le prometa «arreglar» el conteo: ningún gestor puede borrar una acción de USCIS con un trámite exprés.

La cifra es real en un sentido: el DHS la anunció, hoy, con fecha y con categorías. Lo que no es real —todavía— es leerla como 2.2 millones de estatus ya quitados. Esa es la letra pequeña. Y en inmigración, la letra pequeña es donde vive la gente.

Fuentes oficiales

Departamento de Seguridad Nacional (DHS), comunicado del 29 de octubre de 2026: https://www.dhs.gov/news/2026/10/29/under-president-trumps-leadership-uscis-takes-unprecedented-22-million-enforcement

Cobertura que contrastó el anuncio con el DHS y detalla las cinco categorías (VisaVerge, 29-oct-2026): https://www.visaverge.com/immigration/uscis-reports-nearly-22-million-immigration-enforcement-actions-under-administration/

Reporte de The Daily Telegraph sobre el comunicado compartido por el DHS (29-oct-2026): https://usanews24.live/exclusive-trump-administration-reaches-historic-milestone-in-crackdown-on-immigration/

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