Cúpula del Capitolio de Estados Unidos con la bandera ondeando bajo un cielo azul.
Foto: Ivan Dražić / Pexels.

«Los republicanos llevan diciendo que habrá reforma migratoria en cuanto tengamos una frontera segura. Ya la tenemos».

La frase es del senador Rubén Gallego, demócrata de Arizona, y la soltó este miércoles en el Capitolio. No era una rueda de prensa más: era la primera vez que los demócratas hispanos del Congreso ponían sobre la mesa, con nombres y fechas, la idea de negociar con Donald Trump una reforma migratoria. Una semana después de ganar las dos cámaras en las elecciones del 3 de noviembre. Y con el presidente admitiendo en televisión que su política de deportaciones pudo haber sido «demasiado dura».

Quiénes estaban en la sala

Junto a Gallego estaban los representantes Henry Cuéllar, Vicente González y Joaquín Castro —los tres de Texas— y el congresista electo Bobby Pulido. Antes de hablar con la prensa se reunieron con la Coalición Empresarial Estadounidense de Acción por la Inmigración (ABIC Action) y con la Asociación de Constructores del Sur de Texas, dos grupos que llevan años pidiendo lo mismo: trabajadores con papeles.

Cuéllar, el más centrista del grupo, fue el que más concretó. Dijo que ya ha conversado con funcionarios de la Administración sobre enfocar los esfuerzos de deportación en criminales. «No vamos a ser extremos», añadió, en un guiño a los votantes conservadores que también votaron demócrata la semana pasada.

El plan, según explicaron, es intentar un acuerdo en lo que queda del año, todavía con el Congreso de mayoría republicana. Si no lo consiguen, la apuesta se traslada al 3 de enero, cuando se constituya el Congreso elegido en los comicios del 3 de noviembre.

Dos proyectos con nombre y apellido

No hablaron en abstracto. Hay dos proyectos concretos sobre la mesa, y uno de ellos está —literalmente— a una firma de llegar a votación.

El primero es la Ley de Dignidad (Dignity Act), un proyecto bipartidista que abriría un camino a la residencia legal para trabajadores que llevan años en el país, a cambio de más seguridad fronteriza y una reforma de los programas de visas.

El segundo es la Ley del Sueño y la Promesa (Dream and Promise Act, H.R. 1589), que daría un camino a la ciudadanía a los inmigrantes que llegaron de niños —los dreamers— y la residencia permanente a ciertos beneficiarios del TPS. La ley se reintrodujo el 26 de febrero de 2025, tiene 221 copatrocinadores, y su petición de descarga —el mecanismo que obliga a votar un proyecto que la dirección de la Cámara se niega a llevar al pleno— llevaba 217 de las 218 firmas necesarias al 10 de noviembre, según el conteo oficial de la Secretaría de la Cámara. Falta una. Y el reloj corre: si el proyecto no avanza antes de que termine este Congreso, el 3 de enero de 2027, la petición muere con él.

Gallego dijo que su partido ya está discutiendo cómo mover un proyecto para los dreamers antes de que termine 2026.

El muro que no es de ladrillo: el veto

Aquí viene la parte incómoda, y los propios demócratas la conocen. Asesores del Congreso consultados por Reuters esperan que Trump vete cualquier ley que frene la aplicación de las leyes migratorias o que amplíe los caminos a la residencia y la ciudadanía.

La Casa Blanca, por su parte, no disimuló. Su portavoz Taylor Rogers respondió que los demócratas «leen mal al electorado» si creen que el país quiere «una agenda migratoria extremista y antiestadounidense».

Y hay un nombre que pesa sobre toda la negociación: Stephen Miller. El arquitecto de las redadas y las deportaciones masivas acaba de ser nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca. Difícil imaginar una señal más clara de quién seguirá marcando la política migratoria.

Trump, por su lado, manda mensajes en dos direcciones. El domingo, en 60 Minutes, reconoció que su estrategia de deportaciones pudo haber sido «demasiado dura». El lunes, preguntado por periodistas, matizó: «Mi política no ha cambiado». Las redadas, mientras tanto, no pararon: esta misma semana ICE detuvo a personas dentro de un hospital de Los Ángeles.

Por qué creen que esta vez es distinto

Los números explican el optimismo —o la urgencia— demócrata.

La aprobación de Trump en materia de inmigración cayó al 38%, desde el 50% con el que empezó su presidencia, según la encuesta Reuters/Ipsos. Los votantes latinos, que en 2024 se inclinaron hacia los republicanos, volvieron en masa a los demócratas en las elecciones de la semana pasada.

Y hay un dato que cruza el espectro político: más del 80% de los estadounidenses apoya un camino legal para los dreamers, según Gallup. Es uno de los pocos consensos que quedan en Washington.

Los demócratas también llegan con otra herramienta: la supervisión. El representante Bennie Thompson, que presidirá el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, anunció que investigará el uso del Departamento de Seguridad Nacional contra los estadounidenses, las condiciones de los centros de detención, el uso letal de la fuerza por parte de agentes federales y la deportación de venezolanos a la megaprisión de El Salvador en 2025. También quieren saber en qué se gastaron los más de 100.000 millones de dólares asignados al DHS desde el año pasado.

En paralelo, algunos demócratas impulsan la Ley de Estándares de ICE, que exigiría entrenamiento real para los agentes, cámaras corporales, identificación visible y coordinación con la policía local. La senadora electa Peggy Flanagan, de Minnesota, fue más allá en su celebración: «Desmantelaremos ICE».

Ojo con esto: nada de lo anterior es ley todavía. Son proyectos, peticiones y promesas de investigación. La diferencia con otras veces es que ahora hay una fecha límite real —el 3 de enero— y un proyecto a una firma de votación.

Qué hacer hoy, en orden

  1. No hay nada que solicitar ni firmar hoy. Ningún proyecto se ha aprobado. Nadie puede cobrarte por «el nuevo acuerdo» porque el acuerdo no existe todavía.
  2. Si eres dreamer, mantén tu DACA al día. La protección actual sigue vigente mientras el Congreso no actúe, y cualquier cambio pasará primero por una votación pública.
  3. Sigue la petición de descarga de la H.R. 1589. Esa firma número 218 —que según el liderazgo demócrata tendría que venir de un republicano— es el primer termómetro real de si la negociación va en serio.
  4. Desconfía de quien te pida dinero por adelantado. Cada vez que se habla de reforma aparecen los estafadores. Un abogado serio no te cobra por un beneficio que aún no existe.
  5. Mira diciembre. Si no hay acuerdo antes de fin de año, la negociación se traslada al nuevo Congreso, que toma posesión el 3 de enero de 2027. Trump admitió en 60 Minutes que las deportaciones pudieron ser demasiado duras.

Fuentes oficiales

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