¿Puede el gobierno tocar a tu puerta y preguntarte si votaste? Hasta esta semana, en la práctica, la respuesta era sí: agentes federales armados y uniformados llevaban semanas haciéndolo en varios estados del país. Este miércoles, una jueza federal dijo basta — al menos en parte.
La jueza Araceli Martínez-Olguín, de la corte federal del Distrito Norte de California, emitió una orden que prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar “operaciones de campo y entrevistas relacionadas con las elecciones” en nueve estados cuando los agentes sepan — o deban razonablemente sospechar — que la persona es ciudadana estadounidense. La orden estará vigente hasta que cierren las urnas el 3 de noviembre.
Los nueve estados y el reloj
California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. Si vives en uno de ellos, esta orden te cubre directamente.
Ojo con esto: la orden no entra en vigor de inmediato. La jueza la suspendió hasta las 5 p. m. del viernes 23 de octubre para darle al gobierno la oportunidad de pedir una revisión de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Lo que pase el viernes — si la apelación prospera o no — decidirá si el freno se mantiene hasta el día de las elecciones.
Por qué la jueza no les creyó las listas
El corazón del fallo no son los agentes: son los datos. Según describió la orden, citada por CNN, el DHS armó sus listas de objetivos con 48.2 millones de registros de fuentes independientes de “procedencia cuestionable” y otros 50.6 millones tomados de padrones electorales estatales o de versiones comerciales de esos padrones.
La jueza calificó esos datos de “voluminosos y poco confiables” y concluyó que el método tiene un alto riesgo de error: ciudadanos estadounidenses podían aparecer en las listas y terminar con agentes federales en su puerta. Frente a eso, escribió, el interés público en unas elecciones libres de intimidación pesa más que el interés del gobierno en este tipo de operativos.
No es un detalle menor. Una cosa es investigar un fraude concreto; otra es salir a tocar puertas con una lista que la propia corte considera defectuosa, a doce días de unas elecciones intermedias.
Lo que encontró la investigación de CBS
La orden llegó el mismo día en que CBS News publicó su investigación sobre estos operativos. Según documentos internos revisados por la cadena, el DHS puso en marcha una iniciativa de “fraude electoral criminal” que desvió a cientos de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de sus casos habituales para hacer “revisiones de campo” en al menos seis estados. Las visitas se intensificaron en septiembre y continuaron hasta el fin de semana pasado.
Lo más llamativo: la propia HSI presumió los operativos en redes sociales, con fotos y videos de agentes — algunos armados — acercándose a viviendas, bajo el lema “AMERICAN ELECTIONS ARE FOR AMERICANS” (“las elecciones estadounidenses son para los estadounidenses”). En uno de los videos se ve un documento rotulado “lista de objetivos”.
El DHS alega que podría haber hasta 250,000 no ciudadanos registrados ilegalmente para votar, una cifra que expertos electorales han puesto en duda. Los números del propio Departamento de Justicia cuentan otra historia: 156 personas acusadas de delitos relacionados con fraude electoral desde que empezó la administración Trump, frente a 227 millones de votantes registrados en el país. Y el lunes, HSI anunció el arresto en California de más de 20 residentes con green card acusados de registrarse o votar ilegalmente — entre ellos, un hombre de 72 años originario de Belice, sacado de su casa en pijama.
Quiénes demandaron (y qué les pasó a las enfermeras)
La demanda la presentaron el 18 de septiembre la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la ciudad y condado de San Francisco, el condado de Santa Clara y la Fundación Voto Latino. Su argumento: las visitas violan la Ley de Derecho al Voto porque intimidan a quienes ayudan a otros a votar.
La jueza recogió un dato que dice mucho: miembros del sindicato de enfermeras dejaron de participar en actividades electorales por miedo razonable a sufrir daños físicos, legales o a su reputación. Una enfermera naturalizada, según la demanda, cambió su plan de votar en persona por votar por correo por temor a ser blanco de los operativos.
Lo que la orden NO hace (la letra pequeña)
Que una jueza frene los operativos no cambia la ley, y conviene tenerlo claro:
- No legaliza el voto de no ciudadanos. Votar sin ser ciudadano estadounidense sigue siendo un delito federal grave — aquí explicamos el caso de los 28 residentes con green card acusados en California.
- No prohíbe todas las investigaciones. La orden solo frena estas operaciones de campo y entrevistas cuando puedan alcanzar a ciudadanos, en esos nueve estados.
- No es nacional. Los otros 41 estados no están cubiertos por este fallo.
- El gobierno puede apelar — y tiene hasta el viernes a las 5 p. m. para intentarlo.
Qué hacer hoy
Si eres ciudadano estadounidense, vota sin miedo: en los nueve estados cubiertos, estas visitas puerta a puerta quedan frenadas. Y en todas partes, recuerda lo básico.
- Si tocan tu puerta, no estás obligado a abrir ni a responder. Por regla general, no tienes que abrir la puerta ni contestar preguntas de agentes federales que lleguen sin una orden judicial — eso lo recuerdan las organizaciones de derechos civiles.
- Si sufres intimidación al votar o durante una visita, repórtala. Puedes acudir a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia o a la línea gratuita de protección electoral 866-687-8683.
- Mantén tu registro de votante actualizado con las autoridades de tu estado; los datos desactualizados son una de las fuentes de estos errores.
- Si tienes green card, no votes. La orden protege a los ciudadanos del acoso; no cambia nada para quien no es ciudadano.
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Fuentes oficiales
- Protect Democracy — demanda que documenta la “Unlawful Voter Initiative” del DHS (documento legal primario, 18 de septiembre de 2026): https://protectdemocracy.org/wp-content/uploads/2026/09/Complaint.pdf
- Departamento de Justicia — Sección de Votación, División de Derechos Civiles (para reportar intimidación electoral): https://www.justice.gov/crt/voting-section
- Los detalles de la orden judicial del 21 de octubre de 2026 (jueza Araceli Martínez-Olguín, Distrito Norte de California) y la investigación de CBS News, según reportes contrastados de CNN, CBS News, San Francisco Focal y Washington Sun.
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