El Capitolio de Estados Unidos al atardecer en Washington D. C.
Foto: Jimmy Padilla / Pexels

46%.

Ese es el giro del voto hispano en el Valle de Río Grande, en Texas, entre 2024 y 2026: 46 puntos que se movieron hacia los demócratas, según el memorando que la American Business Immigration Coalition (ABIC) envió al Congreso el 4 de noviembre, un día después de las elecciones de medio término. En el oeste de Kansas, el movimiento fue de 50%.

No es una encuesta más. Es el número que una coalición de más de 2.200 empresarios —directores ejecutivos, dueños de negocios y asociaciones comerciales de más de 30 estados— puso sobre la mesa junto con una petición concreta: que el Congreso saliente, en la sesión lame duck que corre hasta el 3 de enero, apruebe soluciones bipartidistas de inmigración. Ocho proyectos, dice el memorando, están listos para votarse o para avanzar.

¿La tesis? Que el voto latino castigó las deportaciones masivas y que el partido que entregue a la vez frontera segura y vías legales para los trabajadores de largo plazo se quedará con ese voto. El 75% de los votantes hispanos, según una encuesta de ABIC Action citada en el documento, apoya las vías legales. Es lo que el votante latino le exige al Congreso nuevo.

Los ocho proyectos que menciona el memorando

La lista no es un deseo. Son proyectos reales, ya presentados, con autores de los dos partidos:

  • Dream and Promise, por petición de descarga (Garcia/Salazar). La petición de descarga es el mecanismo que permite forzar una votación en la Cámara aunque el liderazgo no quiera: si reúne 218 firmas, el proyecto va al pleno. Protegería a los dreamers y a los beneficiarios de TPS y DED.
  • Dream Act (Murkowski/Durbin). El clásico: un camino a la residencia permanente para quienes llegaron de niños y cumplen requisitos de estudio, trabajo o servicio militar.
  • Dignity Act (Salazar/Escobar). El proyecto bipartidista más ambicioso de la lista —y el que más hay que leer con calma, porque no es lo que su nombre sugiere a primera vista. Lo detallo abajo.
  • State-Sponsored Visa Pilot Program Act (Curtis/Kelly). Un programa piloto para que los estados patrocinen visas según las necesidades de su propia fuerza laboral.
  • American Families United Act (Salazar/Escobar). Para las familias mixtas: daría a los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que llevan años en el país una forma de regularizar su estatus sin tener que salir de Estados Unidos.
  • Securing Agriculture’s Workforce Act (GT Thompson). Mano de obra agrícola: el sector que, según el memorando, quedó más golpeado por las redadas en el campo.
  • Haitian TPS Extension (Markey). Extender el Estatus de Protección Temporal para los haitianos.
  • Secure Act (Van Hollen). Protección para los beneficiarios de TPS y DED de largo plazo.

Ojo con esto: que estén en la lista no significa que se vayan a votar. Significa que existen, que tienen autores de ambos partidos y que alguien con peso empresarial los está empujando en la ventana corta que queda.

El Dignity Act, el proyecto que hay que entender bien

El Dignity Act —H.R. 4393, presentado el 15 de julio de 2025 por la republicana María Elvira Salazar y la demócrata Veronica Escobar— es el que más titulares genera y también el que más confusión.

Lo que ofrece: un estatus legal renovable de siete años, llamado estatus de dignidad, para inmigrantes que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2020, sin antecedentes penales, que trabajen y paguen impuestos. Tendrían que pagar 7.000 dólares en restitución a lo largo de esos siete años, comprar su propio seguro médico y no recibirían beneficios federales.

Lo que NO ofrece: ciudadanía. Ni siquiera un camino a la ciudadanía. El estatus se renueva cada siete años mientras se mantenga en regla —eso lo dice el propio resumen del proyecto en Congress.gov— y los dreamers tendrían un camino separado a la residencia permanente. A cambio, el proyecto exigiría E-Verify obligatorio para todos los empleadores y más vigilancia y barreras en la frontera.

Y la realidad legislativa, que también hay que decir: el proyecto lleva desde julio de 2025 referido a comités de la Cámara y, según el registro de Congress.gov, no ha tenido audiencia, ni votación en comité, ni votación en el pleno. Tiene unos 40 copatrocinadores —20 republicanos y 20 demócratas, según el conteo de abril de 2026— y más de 100 organizaciones lo respaldan. Pero en más de un año no avanzó ni un paso.

Esa es la brecha que el memorando de ABIC quiere cerrar: proyectos con apoyo bipartidista que el liderazgo nunca llevó a votación.

Y en otro frente, Salazar enfrenta a Trump por el voto latino.

Por qué el momento es ahora — y por qué es tan corto

El Congreso actual sigue en funciones hasta que el Congreso nuevo llega el 3 de enero de 2027 y toma posesión. Entre tanto, la sesión lame duck —la de los que se van— es la última oportunidad de este Congreso para aprobar algo.

Y hay otra fecha que aprieta: el 11 de diciembre se acaba el dinero con el que funciona hoy el gobierno federal. El Congreso tiene que aprobar el presupuesto o una prórroga antes de esa fecha, y esa negociación es justo el vehículo donde suelen colarse acuerdos grandes. O donde se atascan.

El argumento económico del memorando también tiene cifras concretas. Según el Migration Policy Institute, citado por ABIC, alrededor del 80% de los arrestos de ICE fueron de personas sin ningún antecedente penal. Y sacar trabajadores esenciales de sectores como la construcción, el campo y el cuidado de adultos mayores, dice el documento, empujó los costos: 15% más en vivienda, 17% más en cuidado de adultos mayores y 4% más en alimentos.

En Texas, el memorando cita un dato que explica el resultado electoral: 700.000 votantes que no participaron en las elecciones de medio término de 2022 sí votaron por anticipado esta vez, y la mitad eran votantes hispanos menores de 30 años.

A quiénes afectaría, si algo de esto avanzara

— Los dreamers, que llevan años esperando una ley que no dependa de decisiones judiciales ni de acciones ejecutivas temporales.

— Los beneficiarios de TPS, incluidos los haitianos, cuyo estatus ha vivido de prórroga en prórroga.

— Las familias mixtas, donde un cónyuge ciudadano y el otro sin papeles viven con el trámite de regularización atorado por la obligación de salir del país.

— Los trabajadores de largo plazo: el memorando habla de unos 12 millones de personas indocumentadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, y de residentes integrados en sus comunidades por más de 20 años.

Nada de esto es ley hoy. Y conviene repetirlo porque en estos días van a circular promesas: ningún proyecto de esta lista cambia el estatus de nadie hasta que pase la Cámara, pase el Senado y lo firme el presidente.

Qué hacer hoy, en orden

  1. Si eres dreamer o tienes TPS, revisa tu estatus actual y tus fechas de renovación en tu cuenta de USCIS (uscis.gov). No dejes que una fecha se te pase mientras el Congreso debate.
  2. No pagues a nadie que te prometa inscribirte en el Dignity Act, el Dream Act o cualquier otro proyecto de esta lista. No hay inscripciones abiertas porque no son ley.
  3. Si tu caso es de familia mixta o llevas años esperando, consulta con un abogado de inmigración acreditado o con una organización legal sin fines de lucro antes de tomar cualquier decisión. La lista de ayuda legal gratuita está en uscis.gov/avoid-scams y en justice.gov/eoir.
  4. Sigue la votación real, no los anuncios: el registro oficial de cada proyecto está en congress.gov, donde se ve si avanza o sigue quieto.

La sesión lame duck dura semanas, no meses. Si el Congreso va a mover alguno de estos ocho proyectos, será en ese plazo —o no será en este Congreso.

Fuentes oficiales

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